Plenario de Secretarios Generales de CONADU

 

  1- Con respecto a la caracterización de la etapa, hubo un muy importante grado de acuerdo con la idea de que el conjunto de medidas económicas  puesta en práctica por el gobierno de Macri, tales como:

 

- Reducción de Retenciones a la exportación de granos,

 

- Devaluación del orden del 50% de la moneda,

 

- Incremento de las tasas de interés y desregulación del sector  financiero, apertura del movimiento de capitales,

 

- Eliminación de los derechos de exportación Industriales,  

 

- Eliminación de los controles de importación,

 

- Reducción de los impuestos internos a los autos de alta gama,

 

- Canje de letras del tesoro por bonos que garantizan tasas extraordinarias  de ganancia a unas pocas entidades bancarias extranjeras,

 

- El reemplazo de la intervención del INDEC por una nueva intervención que  no garantiza la generación de nuevas estadísticas oficiales confiables,

 

- Aumentos en los combustibles,

 

 Aumentos de entre el 300% y el 700% de las tarifas de energía eléctrica  y gas, que se producen tanto por la eliminación de subsidios existentes  como por una importante suba en los precios pagados para garantizar la  rentabilidad de las empresas del sector, 

 

- Eliminación de las retenciones a las Exportaciones Mineras,

 

- Elevados despidos en el Sector público y promoción de los mismos en el  sector privado,

 

- Negociaciones con los Fondos Buitre que preanuncian un elevado costo en el  reconocimiento de sus acreencias, constituyen un cuerpo suficiente como para caracterizar a la etapa, como  un nuevo embate de las políticas de neto corte neoliberal, que significan  que el rumbo que adquiere el Estado, garantiza una enorme transferencia de  capital de los sectores de menores recursos a los grupos económicos  concentrados e internacionales que operan en el país. Además, y a  través de la ola de despidos, suba de precios, y criminalización de la  protesta social, comienza a generar las bases para seguir debilitando a la  clase trabajadora.

 

  2- El Plenario resolvió por UNANIMIDAD, ratificar el pedido de inmediato  comienzo de las negociaciones paritarias salariales, resuelto en  diciembre de 2015, y comunicado oportunamente a las Autoridades del  Ministerio de Educación. En esta oportunidad se enviaron sendos pedidos  al Ministro de Educación y Deportes, Secretario de Políticas  Universitarias, Ministro de Hacienda y Finanzas y al Presidente del CIN. 

 Además el Plenario consideró que, de no ser atendido este reclamo, la  Mesa Ejecutiva debe convocar a los cuerpos orgánicos de la Federación  para determinar las acciones a seguir.

 

 También resolvió, exigir un aumento de, al menos, el 40% en los haberes  e incluir una cláusula de revisión de acuerdos, que garantice una nueva  discusión a comienzos del segundo semestre, ante la incertidumbre de la  escalada inflacionaria.

Participar del acampe que se realiza en Plaza de Mayo para exigir la  inmediata liberación de la Compañera Milagro Sala. Esta resolución se  hizo operativa ya que una nutrida delegación de integrantes de la Mesa  Ejecutiva Nacional y Secretarios Generales, participaron de una Charla  Abierta en la Carpa de la Dignidad instalada en Plaza de Mayo, en la que  además de expresar la solidaridad de nuestra Federación, se expuso sobre  la necesidad de seguir contando con un Sistema Universitario Nacional que  contribuya al desarrollo nacional y continúe avanzando con su enorme  compromiso de garantizar el derecho a la educación superior en nuestro  país, incluyendo en el mismo a todos las clases sociales.

 

 3- Se resolvió participar activamente de la Jornada Nacional de Protesta  de la CTA del 24 de febrero, impulsada para reclamar por:

 

 -paritarias libres ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios;

 

 -la represión de la protesta social y violencia institucional sobre  sectores populares;

 

 -la ola de despidos de trabajadores del sector público y privado.

 

 CONADU incorpora a estos reclamos su exigencia a la inmediata convocatoria  a negociaciones paritarias salariales.

Se participará de la Marcha Nacional en Buenos Aires y se encomienda a  las Asociaciones de Base que participen de la misma integrando la columna  de CONADU o generen acciones a nivel local privilegiando las acciones  unitarias con otros sectores gremiales o sociales que se movilicen ese  día.

 

 Además el Plenario Resolvió:

 

 - Expresar su solidaridad con los compañeros desplazados y despedidos de  la Carrera de Medicina de la UN de La Matanza, y acompañar las gestiones  para su restitución encaradas por 

 

SIDUNLAM.

 

 - Expresar su solidaridad con los compañeros de la UN de José C. Paz a  quienes se les recortaron cargos y designaciones y acompañar las acciones  llevadas adelante por los compañeros de ADIUNPAZ.

 

 - Expresar su solidaridad con los 86 compañeros despedidos en el Casino  de Mendoza y compartir los esfuerzos de su sindicato y nuestro SIDUNCU por  su reincorporación.

 

 - Expresar su profunda preocupación por:

 

 + la campaña de estigmatización llevada a cabo por el gobierno Nacional  y sectores de prensa contra el conjunto de Universidades del conurbano  bonaerense menospreciando su enorme aporte en la garantía del derecho a  la educación superior de postergados sectores de la población

 

 + la supresión de una enorme cantidad de convenios de distintas áreas  del Estado Nacional, por medio del Decreto 336, que a la vez forma parte  de la campaña mencionada en el punto anterior. 

 

 + los reajustes presupuestarios acaecidos en las partidas de haberes del  mes de enero 2016 que afectaron a numerosas Universidades Nacionales, las  que recibieron partidas de entre un 4% y un 7% menos de lo que  corresponde.

 

 Por último, el Plenario de Secretarios Generales, expresó su repudio al  nuevo Protocolo para las Protestas emitido por el Ministerio de Seguridad  que amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar las  manifestaciones. Este protocolo no prohíbe el uso de armas de fuego, ni  el uso de balas de goma. Tampoco impone obligaciones de uso de uniforme,  ni de identificación de policías ni móviles y limita el ejercicio del  trabajo periodístico y el control sobre los operativos policiales. La  emisión de esta norma en el medio de un conjunto de acciones represivas  desatadas desde el 10 de diciembre, que incluyen claros casos de violencia  institucional sobre manifestaciones populares, no puede sino alertar a las  organizaciones gremiales, políticas y sociales, quienes deben lograr su  inmediata derogación.