La universidad no es un gasto, ni siquiera una inversión, la universidad es un derecho

Declaración del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)

A pocos días de iniciarse en el país la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) que reunirá miles de estudiantes, docentes, investigadores y gestores de universidades de todo el Continente, la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires desacredita y desconoce el valor de la educación superior para nuestro pueblo, contraponiéndola con la inversión en jardines de infantes. Tal actitud, entre otras cosas, deslegitima y desconoce nuestra propia historia que es la que ha motivado que dicha conferencia –que se realiza cada diez años– en esta ocasión se lleve adelante en la provincia de Córdoba.

Es que exactamente hace 100 años un grupo de jóvenes estudiantes en esa provincia se revelaron frente a una casta de profesores amigos del poder central y al grito de “los dolores que quedan son las libertades que faltan” inició lo que se llamó la Reforma Universitaria de 1918. Tal movimiento, que se extendió a toda América Latina, perseguía un fin puramente democrático en términos de motorizar procesos de transformación social que redundaran en una ampliación de derechos, libertades y mejora de las condiciones de vida de la población. Este hecho puso la piedra fundamental para iniciar la des-elitización de la universidad pública y la construcción de una institución al servicio del bien y la transformación social, que luego se vería complementada y profundizada por la gratuidad de los estudios superiores establecida en el año 1949.

A tal punto está arraigado este pensamiento y este suceso en los universitarios de todo el continente y tal es su voluntad de avanzar en este proceso, que hace diez años en la Declaración Final de la misma CRES que se realizó en Cartagena de Indias se plasmó que “la educación superior es un derecho humano y un bien público social”. Desde esta concepción la universidad no es un servicio a prestar, ni un gasto y ni siquiera una inversión, la universidad es un derecho que debería tener cualquier ciudadano a educarse, adquirir herramientas para transformar su vida y aportar a tener una sociedad más justa, democrática y soberana.
La desafortunada frase de la Gobernadora ignora un proceso global irreversible: la masificación y universalización de la educación superior. Sólo a modo de ejemplo podemos ver que durante las últimas cuatro décadas la matrícula terciaria aumentó en Iberoamérica de apenas 1,9 millones de estudiantes en 1970 a 8,4 millones en 1990 y a alrededor de 25 millones en 2011. Además, de acuerdo a la última estadística disponible (2008), el estudiantado iberoamericano representa un 13% de la matrícula mundial, tres puntos porcentuales más que el peso relativo de la población iberoamericana a nivel global. ¿Qué tipo de inserción en el mundo quieren nuestras autoridades si deciden que vayamos en sentido opuesto incluso, a fenómenos que se dan en nuestra región?

En el marco de este proceso entre los años 2003 y 2015 se crearon en nuestro país 17 instituciones universitarias, lo que permitió que todas las provincias del país tengan al menos una universidad nacional en su territorio, y 9 de esas instituciones se crearon en la provincia de Buenos Aires. De haberse sostenido la idea de que a la universidad sólo van los ricos, poco sentido hubiera tenido construir instituciones en territorios tan poblados y donde habitan hombres y mujeres que, pareciera, sólo tienen derecho a ir a un jardín de infantes. Y aquí nos encontramos con otro grave desconocimiento de la realidad: resulta que en los últimos diez años, las universidades que se crearon en la Provincia de Buenos Aires tienen tasas anuales de crecimiento estudiantil que van desde el 20% hasta el 90%. ¿Qué significaba esto si no era una demanda insatisfecha por educación superior?

No obstante, podría argumentarse que este incremento de la matrícula se reduce completamente a personas de importante poder adquisitivo. Más allá de que no consideramos mal que a nuestras universidades asistan estudiantes de estas características, esto también es absolutamente falso y se demuestra con datos de la realidad. Uno de los más elocuentes es aquel que refleja la tasa de crecimiento de la población con educación superior y universitaria según nivel de ingreso para el período 2005-2015. Los datos del INDEC (EPH) nos dicen que, en dicho período, el 20% más pobre de la gente que vive en el Gran Buenos Aires aumentó su participación en este nivel de la educación en un 61,2% y su tasa de graduación aumentó en casi un 20%.

Pero nuestras universidades no sólo otorgan derechos a quienes tienen menores posibilidades afectados por sus niveles de ingreso, sino que también se acerca a otros sectores que sufren desigualdades: En las universidades del conurbano bonaerense entre el 70% y el 90% de los estudiantes son primera generación de universitarios y, entre ellos, más del 60% son mujeres y más del 40% son mayores de 30 años. En otras palabras, en nuestras aulas están ingresando año tras año en forma masiva: i) gran cantidad de mujeres; ii) personas cuya edad en algún otro momento histórico los hubiera marginado de la educación superior; y iii) jóvenes y adultos que por su tradición familiar nunca o muy pocas veces oyeron hablar de lo que es y cómo se estudia en una Universidad. Esta situación, que se repite en todas las universidades de la provincia de Buenos Aires, contribuye de manera directa al logro de una mayor igualdad social ante las oportunidades educativas en un contexto de mayores dificultades económicas y sociales para lograrlo.

La concepción de la Gobernadora sobre las universidades públicas también ignora el valor de las actividades diarias de docencia, investigación y extensión, que contribuyen a la solución de las necesidades de cada comunidad local y regional donde se encuentran y a revitalizar la economía a través de la continua innovación científica y tecnológica, y su impacto sobre la productividad, la generación de nuevos productos y la mayor competitividad en el mercado internacional. Este fenómeno que generan las universidades públicas en la provincia de Buenos Aires y en todo el interior del país está a la vista, y basta sólo recorrer y caminar verdaderamente nuestras comunidades para ver y entender el valor de lo que hacemos.

Retornando a la frase/pensamiento ya referido de la Gobernadora, entendemos que los números y datos son elocuentes y lo que están mostrando es el inicio de un proceso de reversión de una situación a la cual seguramente se ha querido aludir: el acceso desigual a la educación superior y universitaria. Consideramos que es nuestra obligación realizar todos los esfuerzos posibles para sostener la transformación de la educación superior y universitaria en un derecho humano y un bien público social realmente universal, y no se va en esa dirección recortando gastos, cerrando puertas o presentando falsas dicotomías entre nuestras instituciones y jardines de infantes.