La iniciativa de un equipo de investigación de la Facultad de Trabajo Social llegó a la Cámara de Diputados de la provincia. Por unanimidad, el proyecto de ley obtuvo media sanción el pasado 19 de junio.
Todas las personas desde su nacimiento poseen el derecho inalienable a contar con datos biológicos y culturales que le permitan su individualización como sujeto en la sociedad. Es deber del Estado garantizarlo. Desde la última dictadura cívico-militar, a través de organismos de derechos humanos, se sostiene la lucha por recuperar y devolver a los niños y niñas secuestrados la identidad que fue suprimida. “No lo quiero tener más, lo vengo a devolver”, fue el título de la investigación realizada por un equipo de la Facultad de Trabajo Social de nuestra Universidad. El objeto de estudio fueron los circuitos burocráticos y administrativos de adopciones en Entre Ríos entre 1973 y 1983, a través del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia -COPNAF- (anteriormente Consejo Provincial del Menor). “Cuando comencé a trabajar allí, en 1989, esta frase era muy llamativa tanto para mí como para quienes trabajaban conmigo; primeras generaciones de trabajadores sociales egresadas de la democracia. Por eso tomamos ese concepto traído de la facticidad de los hechos, era difícil convertirlo en metáfora”, comenta la Doctora Gladis Martínez, directora del proyecto y docente de la Facultad.
(Foto: telaraña.com.ar)
Originalmente, el equipo estuvo conformado por cinco personas. No obstante, el incremento de la cantidad de legajos a estudiar convocó a ocho más. Cada viernes y por turnos, los trece integrantes -docentes, investigadores y estudiantes- visitaban el Copnaf para emprender el análisis documental. Martínez brinda detalles en relación a ese proceso:
El pasado 19 de junio, la Cámara de Diputados de nuestra Provincia aprobó por unanimidad el proyecto de Ley sobre Derecho a la Identidad de Origen, presentado por el diputado Pedro Báez. En el recinto, además de Martínez, estuvo presente parte del equipo del proyecto: Mariela Elizalde, Clarisa Sobko, Martha Churruarín y Marcos Combet Lambert. Garantizar el derecho a la identidad de origen implica acompañar y facilitar la búsqueda de información a toda persona que presuma que su identidad haya sido suprimida o alterada en el momento de nacimiento o posteriormente. En nuestro país, se estima que alrededor de 3 millones de personas desconocen su identidad.
En este caso, la generación de conocimiento desde nuestra Universidad permitió obtener datos sobre la modalidad en que la Ley 19.134, del gobierno de Alejandro Lanusse vigente hasta 1997, habilitó, bajo la figura de la “adopción plena”, el borramiento absoluto de los orígenes de millones de ciudadanos que en la actualidad buscan reconstruir su procedencia.
El principal compromiso es el de constituir un espacio que garantice el acompañamiento a quienes recurren al Estado para indagar sobre sus orígenes, tarea que actualmente se realiza de manera voluntaria. “El proyecto contempla la creación de un equipo interdisciplinario: un abogado, un trabajador social y un psicólogo, en la Subsecretaría de Derechos Humanos, que brinde apoyo tanto legal como subjetivo”, detalla Martínez.
La investigación llevó tres años, luego de varias prórrogas, el informe final fue entregado en octubre de 2018, y aún espera su aprobación final. “La Universidad debe estar al servicio de cambiar la vida de las personas: no habría otra posibilidad. El proyecto fue pensado fundamentalmente en función de cómo la universidad pública, estatal y gratuita podía aportar datos con responsabilidad a toda la ciudadanía, en relación al momento más oscuro de nuestra historia. Para nosotros es un orgullo”, finalizó la directora del proyecto.
