El Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU presentó un balance resumido de los cuatro años de ajuste de Cambiemos sobre las universidades: desde 2015, perdieron un 20 por ciento de su poder de compra. Las becas, otro objeto del recorte.
A medida que el ajuste del gobierno de Mauricio Macri sobre el financiamiento a las universidades públicas se iba haciendo más y más agudo, los informes preparados por el área de Financiamiento y Presupuesto Universitario del IEC se fueron convirtiendo en una herramienta fundamental para el debate público en el país. Llegó finalmente el cambio de gobierno y, con él, la necesidad de hacer un balance que, aunque no muestre sorpresas en relación a una tendencia que venimos advirtiendo hace años, sirva de corolario y memoria de un período oscuro para el sistema de educación superior.
De eso se trata Análisis de la política de financiamiento para las Universidades Nacionales 2016/2019 -15 puntos básicos-, un resumen de la pérdida registrada en relación a 2015, que fue de un 19,7% en términos reales. Es decir, al 10 de diciembre de 2019, la capacidad de compra de las casas de estudio es un quinto menor a la que tenían cuatro años atrás.
“Las principales causas de la caída –señala el trabajo– son principalmente el retraso del presupuesto universitario frente al proceso inflacionario y la sub-ejecución de las partidas disponibles pero también la reducción del financiamiento a universidades proveniente de convenios con los distintos organismos públicos del Estado Nacional”.
En cuanto a la inflación, entre los dos puntos de comparación (2015-2019) fue de 267,8%, mientras que las transferencias aumentaron solo 195,3%, es decir, 72,5 puntos menos. Esto implicó que la inversión se redujera del 0,85% del PBI al 0,69% de un PBI que, además, se contrajo considerablemente. Esta pérdida, hay que señalarlo, se condice con una pérdida global de todo el sistema educativo en el producto nacional, lo que implica incluso una violación de la Ley de Financiamiento Educativo.
Otro dato preocupante es que el gasto se fue concentrando cada vez más en salarios y gastos de funcionamiento, desmantelando prácticamente el Fondo Universitario de Desarrollo Regional (FUNDAR), una herramienta fundamental para perfeccionar el perfil de las universidades en relación a las necesidades regionales.
Por otro lado, como se dijo, también se cancelaron contratos que otros ministerios tenían con las universidades, a lo que se sumó un ataque constante al sistema de becas para carreras prioritarias y estudiantes de bajos recursos de la Secretaría de Políticas Universitarias, que en 2019 terminaron subsumidas en el Plan Progresar. Si se considera este Plan, quienes hoy reciben la ayuda son 250 mil menos que en 2016.
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