UNER NOTICIAS dialogó con Milena Páramo, Coordinadora Nacional de
CLADEM Argentina (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres), quien integró un panel sobre “Embarazo infantil forzado” organizado por la Facultad de Trabajo Social de nuestra Universidad. La especialista profundizó sobre este flagelo que tiene consecuencias inmediatas y duraderas para las niñas.
-Antes que nada es importante definir CLADEM y sus objetivos…CLADEM es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Los antecedentes del surgimiento del CLADEM, se remontan a la III Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas, en donde se observó la necesidad de articular estrategias regionales, dado que los problemas de las mujeres eran similares y, por ende, trabajando juntas podríamos potenciar la incidencia. Es así que, con el fin de unir nuestros esfuerzos para mejorar la condición y situación socio-jurídica de las mujeres de nuestra región, constituimos el CLADEM el 3 de julio de 1987 en San José de Costa Rica y en el año 1989 se procede a la constitución legal del CLADEM en Lima, Perú.
-Como tantas otras problemáticas, carecemos de estadísticas que nos informe sobre el estado de situación…Precisamente, el Balance Regional “Niñas madres. Embarazo infantil forzado en América Latina y el Caribe”, publicado por el CLADEM en el año 2016, revela que existe un patrón de violencia que está plasmado en el ocultamiento de la información y renuencia por parte de los Estados de colocar en la agenda pública y priorizar las acciones de prevención, sanción y erradicación. Hemos visto que la mayoría de los casos de embarazos infantil aparecen como producto de violencia sexual, ejercida por integrantes de la familia (abuso sexual incestuoso), conocidos, vecinos, o extraños; a diferencia de lo que ocurre en la franja de 15 a 19 años, donde se registra una incidencia importante de embarazos debido a una iniciación sexual temprana. A partir de constatar esta flagrante violación de los derechos de las niñas que estaba ausente de las agendas nacionales, regionales e internacionales, desde CLADEM lanzamos la Campaña “Embarazo Infantil Forzado es Tortura” y, en ese contexto, venimos monitoreando a los Estados de la región en el cumplimiento de su obligación de prevenir, sancionar y erradicar esta práctica.
Situación actual: en el balance sobre Niñas Madres publicado por CLADEM en 2016, se demuestra que todos los años, decenas de miles de niñas menores de 15 años en nuestra región, se convierten en madres cuando sus cuerpos todavía no terminaron de crecer. Un año después, observamos que las cifras han tenido, en algunos países, una leve reducción. Sin embargo, el problema persiste y debe ser abordado con urgencia, desnaturalizando situaciones que muchas veces pasan desapercibidas o se aceptan como normales. El embarazo infantil forzado se da cuando una niña menor de 15 años queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo.
-¿Cuáles son las causas más frecuentes del embarazo forzado?En un estudio se evidencia que la franja de edad de 10 a 14 años es la que sufre la tasa más alta de agresiones sexuales y la edad promedio en la cual las niñas y adolescentes reportaron haber sido víctimas por primera vez. Cuando el embarazo no se puede interrumpir, se produce la maternidad infantil forzada. Y en las causales estaría la falta de servicios de salud adaptados a las necesidades de las niñas, amigables y confidenciales, que utilicen protocolos específicos para atender a ese problema; la negativa de los servicios de salud a interrumpir los embarazos infantiles, concepciones idealizadas de la maternidad, que hace que muchas niñas, en determinados contextos, crean que la maternidad es un mecanismo de reconocimiento y autonomía.
-Aspectos no menores serían las consecuencias físicas, psicológicas, económicas, educativas para la niña madre…Ciertamente. Las niñas de 14 años o menos sufren más complicaciones durante el embarazo y el parto. Como en muchos casos aún no está formado el piso pélvico, los partos son peligrosos; existen mayores riesgos de sufrir preclampsia, eclampsia, ruptura de membranas, parto prematuro y diabetes gestacional. Estas niñas tienen cuatro veces más probabilidades de morir a causa del embarazo que las mujeres de entre 20 y 30 años y 5 veces más posibilidades de tener fístula obstétrica. Además de los riesgos físicos, el embarazo infantil tiene consecuencias adversas en la salud mental, ya que en muchos casos se genera por violencia sexual.
Debemos considerar las consecuencias del abuso, de las posibles amenazas recibidas para no denunciarlo y del impacto de vivir un embarazo no deseado en la salud mental de la niña. Se han registrado síntomas de depresión, ansiedad y, en particular para las que habían sido atacadas sexualmente, de estrés post-traumático. Asimismo, un porcentaje de estas niñas han pensado en el suicidio durante el embarazo. Por otra parte, cerca de la mitad de las niñas que viven embarazos forzados abandonan la escuela. En caso de retomar, lo hacen en su mayoría en espacios de menor nivel. A su vez, una gran proporción de estas niñas tendrá trabajos informales, sin seguridad social y con bajos ingresos. Las que ingresen a trabajos en relación de dependencia, probablemente lo hagan con sueldos más bajos que el de otras jóvenes solteras o sin hijos.
-¿Cuál es la respuesta que observan desde el Estado?Argentina cuenta desde el 2006 con la Ley 26.150 que establece la obligatoriedad del tratamiento de la educación sexual integral en todas las escuelas del país, ya sean de gestión estatal o privada, y la creación de un Programa de Educación Sexual Integral como instancia de implementación de estrategias y actividades. En cuanto a la implementación, esta es insuficiente, aunque algunas provincias, y en algunos momentos, se tuvo mejor alcance. Con el cambio de gobierno en diciembre de 2015 el panorama de la Educación Sexual Integral se presenta regresivo. Por Decreto de Necesidad de Urgencia, se cambió la estructura del Ministerio de Educación y los programas perdieron protagonismo. Resumiendo, podemos ver que en la mayoría de los países existe algún programa para impartir educación sexual. Sin embargo, en todos ellos, en mayor o menor grado, la implementación es deficiente y parcial; abarca a sólo un porcentaje de estudiantes, no cuenta con un seguimiento efectivo del Estado, no hay suficientes materiales ni capacitación docente.
Importante: desde hace dos años CLADEM está impulsando una campaña para visibilizar los embarazos infantiles forzados, denunciarlos y buscar propuestas para su disminución y erradicación. En este lapso, se han incrementado las investigaciones sobre el tema, especialmente en los organismos intergubernamentales. El problema es mundial y sirve de espejo para observar la situación de miles de niñas cuyos caminos han sido cubiertos de obstáculos. Es imprescindible organizar alianzas para promover un alerta mayor sobre este tema, y generar políticas de prevención que involucren a todas las áreas de gobierno. Deben adecuarse tanto los marcos jurídicos, como las respuestas de la justicia, del sector salud, educación y desarrollo.
-¿Y sobre el aspecto penal en la violencia sexual? En todos los países estudiados, las relaciones sexuales con niñas es violación. Las edades varían entre los 13 y los 16 años. La mayoría de los países considera al parentesco como un agravante en casos de violación sexual. Así sucede en Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. En Brasil, Honduras y Uruguay el parentesco no constituye agravante para el estupro o violación. Lamentablemente, no todos los abusos se denuncian y aquellos que son denunciados, no siempre son encaminados judicialmente a través de un proceso que conduzca a una sentencia. Un número ínfimo de denuncias termina en condenas. La impunidad es altísima.
-Finalmente, ¿Qué medidas prioritarias se deberían instrumentar para ir modificando esta problemática?Urge que los estados implementen planes, políticas y medidas sociales para la prevención de los embarazos y las maternidades infantiles forzados y la adecuada sanción de la violencia sexual que los provoca. Por otra parte, continuar con la tarea de visibilizar el problema del Embarazo Forzado Infantil, articular con otros movimientos sociales, como el de derechos humanos, derechos de la infancia, organizaciones de jóvenes y de desarrollo, para llevar adelante actividades de sensibilización. Promover la implementación de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos. La educación sexual debe ser una política del Estado y debe incluirse desde los niveles iniciales, incorporando conceptos de igualdad y no discriminación.
Contacto: Milena Páramo
milenaparamo@gmail.com
