Días atrás la sociedad entrerriana asistió a un hecho histórico en la vida institucional: se realizó el sorteo de las personas que serán potencialmente jurados en juicios del fuero penal. Alejandro Caudis, abogado y secretario de Asuntos Jurídicos de la UNER, reflexiona al respecto.
“Es una verdadera noticia. En nuestra Provincia tiene larga raigambre, y la implementación de los juicios por jurados supone además dar respuesta a una manda de la Constitución Nacional de 1853”. Efectivamente, el artículo 24 establece que el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados. “Esto es algo que siempre quedó pendiente, y en la Provincia se logra concretar e implementar a partir de la sanción de la ley 10746”, expresó.
Entre Ríos se suma a las ocho provincias argentinas que ya cuentan con la implementación de este sistema, a saber: Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan y Santa Fe. Para el sorteo, se tomó como base el padrón electoral de 2019, con las depuraciones correspondientes en razón de aquellas personas inhabilitadas: por edad y/o por actividad que desarrollan prevista en la Ley. Se realizó también una distribución de los potenciales participantes según su jurisdicción y por paridad de género. En cada juicio seleccionarán 12 jurados titulares y cuatro suplentes.
Foto Secretaría de Comunicación Gobierno de Entre Ríos.
Las democracias modernas exigen mecanismos de participación activa de sus ciudadanos. En este sentido, “quienes hayan sido seleccionados no pueden excepcionarse o plantear no asistir. Esto es una carga pública y una obligación que todos tenemos con nuestros conciudadanos”, manifestó Caudis. En cuanto a los requisitos, “es fundamental ser ciudadano argentino tener entre 18 y 75 años; saber leer y hablar, es decir, entenderse en el idioma nacional; tener derechos políticos, tener domicilio o residencia no menor a un año”, agregó.
Cabe aclarar que al ser una carga pública, los empleadores no pueden perjudicar a los trabajadores en los goces de sus derechos como el presentismo, premios, entre otros; deberán abonarles como si éstos hubieran concurrido a trabajar.
En un debido proceso penal, “se podrían distinguir dos tipos de formas de realizar: uno más bien inquisitivo, donde el juez analiza no solamente los hechos y situaciones sino que también decide. Es decir, es juez y parte a la vez. Por otro lado, un sistema acusatorio, donde el juez es una especie de árbitro, quien controla que se cumplimenten las distintas pautas legales que rigen en el proceso penal. A partir de esta nueva ley, ese juez técnico es quien va a decidir sobre la imposición de una condena o sobre la absolución de una persona acusada. Pero quienes van a deliberar sobre las pruebas y determinar si hubo o no culpabilidad de un acusado es un jurado. Es decir, la sociedad entrerriana”, explicó el secretario.
Entonces, ¿el jurado deberá entender en todos los juicios penales? “No, se trata de juzgar hechos graves. Es decir, solo aquellos delitos cuya pena máxima sea igual o superen una condena de 20 años de prisión o reclusión”, manifestó.
Respecto de las garantías del futuro jurado, “la ley trata de preservar no solamente el secreto sino también la absoluta imparcialidad e independencia. La idea es que todos gocen de las garantías constitucionales que les permitan deliberar sin coacciones, sin impedimentos, sin interferencias u obstáculos”, señaló. En el caso que los hubiere, “el jurado puede hacer la denuncia correspondiente”.
Existen detractores sobre su implementación. “En muchos casos se dice que este sistema no se ha implementado porque la sociedad no tiene una educación cívica adecuada, o que la Argentina no está en condiciones para hacerlo. Lamentablemente ese discurso, sobre la madurez o no, ha calado muy profundo en la sociedad. Estoy en desacuerdo. Creo que todos tenemos el derecho y el deber de participar en cualquiera de estas instancias. No existe una sociedad madura que sirva de parámetro para el resto”, observó Caudis.
“Me parece importante remarcar que esta ley procura garantizar la participación ciudadana. Esto tiene un correlato porque no es solo una obligación sino también un derecho”, añadió. La importancia central de este sistema es posibilitar el acceso a la Justicia a ciudadanos comunes. En este contexto, “desde la universidad pública debemos sumarnos y tener un rol activo. Porque es justamente la Universidad quien tiene que propiciar los debates, estudios y brindar el apoyo necesario. Entre todos tenemos que colaborar para que este servicio de justicia realmente tenga una carnadura política, ética y socialmente relevante en nuestra provincia”, concluyó el abogado.
