El Gobierno Nacional a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), declaró como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión por suscripción, y suspendió cualquier aumento de precios o modificación hasta el 31 de diciembre.
La decisión se efectivizó a través de la publicación en el Boletín Oficial del DNU 690/2020, que introduce modificaciones a la Ley N° 27.078, conocida como Ley Argentina Digital.
“En este sentido, hay que aclarar que pueden ser prestadores tanto actores privados como entes públicos. Esta declaración implica la obligatoriedad de los prestadores de no cortar el servicio, precisamente por su condición de servicio público. Pero también, como lo ha definido la Corte Suprema de la Nación, el Estado es el responsable de regular y velar por su continuidad, universalidad y accesibilidad”, indicó Alejandro Ramírez, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER y docente de la cátedra de Políticas de Comunicación de la Licenciatura en Comunicación Social.
“En este contexto de pandemia, se ha visto claramente que las telecomunicaciones pasaron a ser un servicio indispensable, no solo para una cuestión laboral o académica sino para el desarrollo de la propia vida social, el encuentro familiar, que en virtud de esta pandemia no se puede hacer de manera presencial”. A partir de la firma del decreto, se toma real dimensión de la importancia de “contar con un excelente servicio de telefonía fija o móvil o de Internet y por supuesto el acceso a las mismas como un modo de resguardar la salud de las personas”, manifestó el vicedecano.
La comunicación es un derecho humano fundamental. En este aspecto, las tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta clave, que propician la consagración de este derecho y nos permiten el acceso y la producción de conocimiento. “Ahora lo importante es la sociedad y, en particular, los seres humanos en tanto usuarios de esas tecnologías. Se posibilita su desarrollo como personas en los distintos ámbitos: laborales, educativos, de salud, etc. Este acontecimiento es un cambio de perspectiva y que difiere notablemente de la perspectiva del gobierno anterior, que había instalado la doctrina de la comunicación como una mercancía”, subrayó.
La noción de servicio público se vincula con una actividad desarrollada por una institución pública o privada con el fin de satisfacer una necesidad básica para el conjunto de la población. “En la República Argentina, la declaración de servicios públicos está vinculada al acceso de servicios tan elementales como el agua, la electricidad o el gas, la salud, la educación o la propia Justicia. A ninguno se nos ocurre pensar que algunos de estos servicios podrían ser prestados sin la regulación o control estatal”, sostuvo.
A continuación señaló que los únicos beneficiados con estas normativas son “siempre los ciudadanos de a pie” y que es fundamental destacar que el rol del Estado es regular y controlar para que los servicios sean prestados de manera eficiente y en perfectas condiciones. En este sentido, expresó que “no hay ningún tipo de inconveniente o derecho avasallado, como quieren hacer circular por algunos medios hegemónicos”.
Días posteriores a la publicación del decreto, argumentos vinculados a inversiones o pérdidas de las mismas pusieron en duda las intenciones del Estado Nacional. “Al respecto, hay que aclarar que las grandes inversiones en materia de telecomunicaciones siempre estuvieron a cargo del Estado. Grandes inversiones se hicieron entre 2010-2015, como por ejemplo el tendido de fibra óptica, que potenció el encendido para telecomunicaciones e Internet. Los operadores privados hicieron inversiones, por supuesto, pero siempre dentro de la estructura menor, no de la infraestructura”, explicó Ramírez.
“Está claro que en los últimos cuatro años, los servicios de telecomunicaciones en nuestro país incrementaron su facturación de forma exorbitante. Por lejos fueron los servicios que más aumentaron sus precios. Sin embargo, las inversiones o el tipo de servicio que prestaron apenas puede ser considerado de regular a malo”, agregó.
Para cerrar, Ramírez remarcó que como universidad pública “tenemos la obligación de participar activamente en este tiempo que nos toca vivir. Sobre todo aquellos que tenemos algún tipo de trayectoria académica en el campo de la Comunicación y de las políticas de comunicación en particular. Esto supone una obligación social, es decir, aportar claridad acerca de algunas significaciones que los medios hegemónicos y algunos operadores periodísticos insisten en tergiversar”.
