Universidades nacionales adhirieron a la Ley Micaela

Néstor García, quien integra la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE) fue quien impulsó junto a la rectora de la UNA, Sandra Torlucci, la propuesta de adecuación de la ley para el ámbito universitario en la última reunión plenaria. García es el padre de Micaela, la joven víctima de femicidio en Entre Ríos cuyo caso impulsó dicha ley: “Hoy nuestros futuros dirigentes se forman en las universidades y por eso es fundamental que tengan perspectiva de género. Que se sumen a la ley Micaela es el primer paso”, alentó.

Los/as rectores/as de todas las universidades nacionales que integran el CIN, acordaron de forma unánime adherir a la ley. En el caso de nuestra universidad, el Rector, Andrés Sabella, manifestó que si bien la UNER ya cuenta con un Protocolo de Actuación contra las violencias sexistas esta decisión “involucra otros compromisos hacia las universidades, hacia los funcionarios de las universidades y obviamente hacia toda la comunidad. El CIN está solicitando que todas las universidades nacionales tengan protocolo contra las violencias sexistas. Al día de hoy aproximadamente el 50% de las UN no lo tienen, así que esta decisión le dará un impulso importante”.



Vanesa Vázquez Lava es docente e investigadora de UNSAM-CONICET, directora de la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la UNSAM y Coordinadora del Comité Ejecutivo de la RUGE. En diálogo con El Reverso, al aire de Radio UNER Concepción del Uruguay, relató que debido a la autonomía universitaria, lo que se aprobó en el CIN es una adaptación: “Nosotras hicimos un proyecto de adaptación de la Ley Micaela a las universidades, en la cual explicitamos que tanto las autoridades superiores, docentes, nodocentes y estudiantes y todas las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional deben formarse en materia de género y violencia contra las mujeres.”

Parte del propósito de la RUGE es colaborar en el desarrollo de políticas que contribuyan a erradicar las desigualdades de género en el sistema universitario nacional. “Además de una política formativa, es una política preventiva para poder transformar estas prácticas sociales. La política de la intervención contra la violencia de género es muy importante pero no es suficiente, y el ámbito universitario es el lugar por excelencia de producción del conocimiento. Debemos develar por qué se da la violencia y construir políticas institucionales que puedan también ser extrapolables a otros sectores para poder modificar y mejorar la convivencia, el vínculo intersubjetivo de género de varones y mujeres y otros géneros no hegemónicos respetando la autopercepción y promoviendo climas de trabajo aceptando la diferencia”, agregó Vázquez Lava.



Partiendo del supuesto que la violencia se genera en sistemas patriarcales y de mucha desigualdad económica, la universidad se compromete en trabajar con jóvenes de 18 años en adelante que ingresan al sistema universitario. El trabajo preventivo pedagógico parte en trabajar en las aulas con todos los claustros dejando en claro que este contexto ha puesto un tope en la vida social de las personas: “Un chiste misógino ya no es gracioso. Un ejemplo misógino ya no puede existir en un aula. Estamos viviendo en este contexto social un proceso de transformación de los vínculos y de deconstruir un montón de prácticas naturalizadas dentro de nuestras aulas”, puntualizó. “No viene a excluir a los varones, a deserotizar los vínculos dentro de los espacios educativos, a prohibir, a punir, nada tiene que ver con eso. Las universidades, con esta adhesión a la Ley Micaela, están asumiendo que la perspectiva de género mejora los vínculos entre las personas”.