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El informe de las acciones realizadas por el Protocolo de Actuación de las Expresiones y Acciones Discriminatorias Basadas en las Violencias Sexistas en el Ámbito Universitario en 2020 fue presentado este viernes, en el plenario del Consejo Superior. Luciana Basso, autoridad de aplicación, hizo un balance sobre el trabajo en el año de pandemia y aislamiento.
Ante la imposibilidad de un acompañamiento presencial, la primera medida del Protocolo fue poner a disposición de la comunidad académica información necesaria sobre contactos, vías de comunicación y formas de proceder ante situaciones de violencia en el contexto marcado por la pandemia. Otro de los ejes fue la articulación con la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y Contra las Violencias (RUGE). Asimismo, entre septiembre y octubre tuvo lugar el ciclo de capacitaciones sobre la Ley Micaela, destinado al equipo de gestión y personas con cargos jerárquicos en la UNER.
El Protocolo tuvo participación tanto en la discusión de líneas estratégicas en el marco del Plan Institucional Participativo -PIP- como en el proceso de reforma de nuestro Estatuto. “Esas dos colaboraciones fueron muy importantes, porque son espacios donde la perspectiva de género puede generar cambios y operar modificaciones en pos de una universidad más justa, más equitativa, más democrática”, reflexionó Basso.
En relación al informe estadístico sobre consultas y denuncias recepcionadas por el Protocolo en 2020, su autoridad de aplicación afirmó que se sostienen algunas regularidades respecto a los anteriores: “Desde 2018 para aquí, se mantiene que los claustros que más consultan son el estudiantil y el Personal Administrativo y de Servicios. También siguen siendo mayoría las mujeres y las diversidades quienes acuden al protocolo, y siguen siendo en su gran mayoría los varones quienes son señalados como perpetradores. La violencia simbólica y la psicológica son dos modalidades más denunciadas”.
Pero por otro lado, Basso sostuvo que hay un aspecto positivo a destacar: “Si miramos para atrás, también crecen las intervenciones colectivas y acciones reparatorias para la resolución de situaciones. Y eso está muy bien, nos alienta mucho, porque implica que la comunidad académica está tomando al Protocolo como una herramienta de protección de derechos, como un espacio que puede ayudarnos a pensar nuevas formas de vinculación y nuevos modos de funcionamiento institucional. Esto apunta a la transformación pedagógica, pero sobre todo de tipo social que necesitamos”.
Desafíos en 2021
“Tenemos una agenda de trabajo que busca producir la mayor cercanía posible, que nuestra comunidad académica sepa que el protocolo está allí, que estamos acompañando y que incluso en estas situaciones mediadas por la pandemia, estamos atentas, presentes. También este año está programado un fortalecimiento en la lìnea de trabajo de la Ley Micaela para poder llegar a otros sectores de la comunidad académica”, expresó Basso y agregó que “el cupo laboral travesti-trans está aprobado en nuestra provincia y también hay que comenzarlo a trabajar en nuestra universidad”.
Para finalizar, recordó que en el Protocolo está “La puerta siempre abierta y la escucha siempre atenta a las diferentes situaciones que puedan plantearnos en relación a la violencia sexista. El horizonte es construir una universidad que nos asegure el derecho a estudiar y a trabajar en un ambiente libre de violencias, y que tenemos que construir colectivamente”.
Podés consultar el informe completo acá ?