Por estos días, la situación mundial pone en evidencia que
“en temas tan sensibles, el Estado no puede resignar o delegar ningún derecho u obligación, y al precio que esto implique cada vez”, afirma
Pablo Barberis, docente y coordinador de la Licenciatura en Ciencia Política de la
Facultad de Trabajo Social de la UNER. Durante los últimos años, en nuestro país cobraron fuerza las discusiones sobre el rol del Estado, en qué cuestiones de la vida de su población le correspondía intervenir, de qué manera, o en qué proporción. En relación a eso, el especialista sostiene que en este momento
“enfrentamos una pandemia de características globales, que va a generar una erogación estatal todavía incalculable. Pero en estos casos no hay discusión posible sobre el tamaño del Estado”.El caso del Instituto Malbrán“En la reciente experiencia de negociaciones con el FMI, la contraprestación solicitada era la de reducir y hacer eficaz el gasto público. Eso fue un punto que generó muchas tensiones en la agenda política a partir del año 2018, porque se tradujo en una serie de medidas que consistió no sólo en el achicamiento de las áreas del Estado y su degradación en la jerarquía ministerial, sino también en un conjunto de ajustes presupuestarios. Sucedió, también, que se redujeron las capacidades del Estado de prestar algunos servicios elementales, sin que mejorase en ningún aspecto la eficacia tan pregonada”, señala Barberis.
En este contexto, surge la experiencia del Instituto Malbrán, cuyas tareas son hoy claves y únicas en su especificidad para el diagnóstico de casos de coronavirus en nuestro país. A raíz del reciente protagonismo que cobró la institución en el contexto de emergencia sanitaria, los medios de comunicación se hicieron eco de la situación que tuvo que sobrellevar en el último tiempo.
“Durante los cuatro años de la gestión de Cambiemos, el Malbrán sufrió un 50% de su recorte presupuestario y un 10% de recorte de personal, que sufrió a su vez un 65% de recorte salarial. La infraestructura se fue vaciando, no fue renovada, y la que se rompía no era puesta en funcionamiento de nuevo; además ha quedado en estado de deuda con sus proveedores. Esa es más o menos la metáfora que nos deja la discusión sobre si achicar o no el Estado, en materia de la cobertura de un derecho fundamental como la salud pública. Quienes dijeron en los últimos cuatro años que esos gastos se podían recortar, mejorar, volver más eficientes, hoy parecen ser los que exigen una eficiencia y una capacidad del Estado imposibles de sostener luego de ese período de recortes sucesivos”, reflexiona, al tiempo que puntualiza que nuestra Universidad, y la educación pública en general, no fueron ajenas a ello.
Respuestas dispares frente a un problema globalEl sistema de salud pública como lo conocemos en nuestro país no es una realidad en muchos otros, donde gran cantidad de las prestaciones dependen exclusivamente del sistema médico privado. Ello se traduce en servicios que para muchos ciudadanos, por su costo, se vuelven inalcanzables. Allí residen algunas de las principales diferencias hoy cristalizadas en la respuesta frente a una pandemia que despertó la alarma global. Barberis destaca que en los casos italiano, francés y estadounidense, salvando sus particularidades, queda demostrado en situaciones como la actual que
“haber conferido determinadas obligaciones a organismos privados, los deja absolutamente a la intemperie”. A esos casos se les contrapone el del Estado chino:
“Ha demostrado una capacidad de intervenir por completo: aisló a más de 6 millones de personas, construyó un sistema alternativo de salud pública en menos de dos semanas y produjo a nivel biopolítico una lógica de control muy difícil de practicar en otros lugares”, expresa.
En línea con las experiencias antes detalladas, sentencia que
“siendo realidades muy distintas, hoy demostramos que el sector privado puede prestar una serie de servicios acotados. Cuando los problemas exceden determinadas exigencias y capacidades, esos efectores sólo pueden lavarse las manos”. Por otra parte, el docente manifiesta que nuestro país posee cierta ventaja en este contexto:
“La salud pública argentina ha sido atacada durante estos años, pero hay un tejido de cobertura de esos derechos que nunca se termina de deshacer. Y eso tiene que ver con cierta idiosincracia política local; también las distintas expresiones políticas que gobiernan provincialmente tienen la necesidad y obligación de responder a ciertas demandas, que de otra manera no serían cubiertas. Obviamente eso no nos ubica en un estado óptimo, pero posiblemente sí en uno mejor que aquellos países que han transferido al sistema médico privado la mayoría de las prestaciones de un sistema integral de salud”.
Las respuestas dispares a las que hace referencia el politólogo, tienen que ver con que en esta coyuntura
“no todos los países están respetando lo que dice la Organización Mundial de la Salud -OMS-, y cada solución enfrentará un costo respecto al saldo de vidas”, expresa, y distingue:
“En un primer momento China tomó sus propias definiciones, hoy terceriza ese ‘know how’ a aquellos países que están padeciendo. Rusia cerró de entrada sus fronteras y respondió en un esquema muy al estilo soviético, con una autonomización absoluta de criterios respecto del mundo. En el caso de Inglaterra, la decisión gubernamental parece mofarse de la crisis que genera la pandemia, sin poner ningún tipo de restricción”. En contraposición, destaca Barberis, Argentina acepta
“a rajatabla” las definiciones de la OMS. Incluso,
“ha logrado armar, de manera bastante profesional, un comité de expertos. Y ha comunicado que las decisiones políticas no van a desconocer los criterios técnicos y científicos del sistema público de educación y de investigación”. Teniendo en cuenta que se trata de un esquema generado en base a la emergencia, en nuestro país
“de manera coordinada pareciese que todos estaríamos dispuestos a colaborar. Hablo de tratar de no generar el sentido de la oportunidad que toda crisis produce, en términos históricos. Es decir, hasta acá no se observa una respuesta dispar del conjunto de los gobernadores, ministerios de salud y reparticiones públicas. Prima una tensa calma y una fidelidad a esas definiciones que no han producido un conflicto político de otras características. No vale la pena entrar en detalles sobre ciertas historias mínimas de mezquindades, pero sí vale la pena decir que el Estado nacional ha tomado una centralidad organizativa”. ¿Un antes y un después?Tras ser calificado como pandemia por la OMS, velozmente pudimos observar consecuencias sociales, políticas y económicas del coronavirus, en muchos casos de un impacto drástico. Resta saber si habrá repercusiones definitivas y a largo plazo.
“Lo que depara el futuro es realmente incierto. El caso francés parece traslucir el gesto de un Primer Ministro que ha decidido inyectar dinero a favor de la gente, y no a favor de los bancos que contienen la deuda de todo el mundo.Veremos cómo evoluciona eso y qué tipo de ejemplos exudan desde ahí. Pero la posibilidad de un consenso global respecto de la organización del futuro, es algo sobre lo que no me animaría a vaticinar. Lo que va a dejar esto como secuela son condiciones absolutamente trastocadas y desmejoradas del reparto del equilibrio del poder global. No sólo en lo que hace a la competencia comercial, política e imperial de los grandes monstruos como Rusia, Estados Unidos y China, sino respecto de cómo esos poderes políticos nacionales sostienen o enfrentan el poder de corporaciones que llegan a ser más grandes que los Estados mismos”, concluye.